El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acabado de dar a conocer su gabinete de ministros. Una de las carteras que suscitaba más atención en los círculos económicos era la de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente, será Magdalena Valerio la responsable de este ministerio.
Valerio ocupaba hasta este momento la secretaría ejecutiva de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, así como la secretaría general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla la Mancha. En la Junta de Castilla la Mancha ha ocupado además otras consejerías con anterioridad, como la de Trabajo y Empleo y la de Turismo y Artesanía.
Magdalena Valerio es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y especializada en Derecho del Trabajo. Además, pertenece al Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.
Sus objetivos
En cuanto al área de Seguridad Social, la intención de Valerio es dar un nuevo impulso a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones. El grupo parlamentario socialista es partidario de volver a un sistema de revalorización anual de las pensiones basado en el IPC. También es partidario de repensar el factor de sostenibilidad según los criterios que había marcado la reforma de 2011. Para ello, tratarán de buscar el máximo consenso dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, con especial atención a sindicatos y representantes de los empresarios, y buscando aliviar el déficit del sistema de pensiones, que se acerca a los 19.000 millones de euros.
En lo que se refiere a sus próximas actuaciones en el marco laboral, no han trascendido de momento sus líneas maestras, si bien Valerio se ha mostrado contraria a la reforma laboral, apostando por alcanzar un pacto de rentas y de igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres.
El Pacto de Toledo
La Comisión del Pacto de Toledo no ha alcanzado acuerdos relevantes, pese a que en su relanzamiento en el año 2017 se preveían avances. No parece que vayan a producirse cambios en aspectos relacionados con la reforma de 2011: la edad de jubilación no se vería modificada. Tampoco, a corto plazo, el periodo de cálculo de referencia para el cálculo de la pensión, que desde 2022 quedará fijado en los últimos 25 años. A medio plazo sí podría retomarse la idea de utilizar la vida laboral completa de los trabajadores.
En cuanto a las reformas de 2013 sí que parece que puedan sufrir cambios importantes. Recordemos que los Presupuestos recientemente aprobados en el Congreso contemplaban el aplazamiento de las dos medidas de la reforma, al retrasar hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad y al aparcar el Índice de Revalorización de las Pensiones durante, al menos 2018 y 2019.
Otras medidas que se han tratado en la Comisión, sin acuerdo hasta la fecha pero que podrían ser retomadas, son la que llevaría a cotizar a los autónomos por sus ingresos reales o la que pretende destopar las bases máximas de cotización. Ésta última, según muchos expertos, debería ir acompañada del incremento de la pensión máxima para no dañar la contributividad del sistema.
