La semana pasada conocimos el saldo presupuestario de las administraciones públicas españolas y con ello el cierre de las cuentas de la Seguridad Social de 2017. Se trata de una información muy útil, que nos permite actualizar la evolución de los distintos componentes que intervienen en el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) teórico para 2018. En concreto, este índice se calcula como la diferencia entre el crecimiento de los ingresos del sistema, menos el crecimiento del número de pensiones, el aumento del gasto debido al efecto sustitución (por la entrada de nuevas pensiones más elevadas que las que abandonan el sistema) y la corrección gradual (en una cuarta parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2013) del déficit existente en términos relativos al gasto en pensiones. Para amortiguar los efectos del ciclo económico, para todas estas variables se calcula la media de 11 años, lo que para 2018 equivale a la media entre 2013 y 2023, teniendo en cuenta las previsiones del sistema para los próximos cinco años del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el IRP de 2017. En el Cuadro 1 se resume la información necesaria para calcular el IRP teórico y se ofrece su resultado.
Los ingresos nominales han crecido a un ritmo del 3,6% en 2017 y se espera que lo sigan haciendo a esta tasa hasta 2023. Por su parte, los gastos sin revalorización alguna crecen a un ritmo promedio del 2,7%, como consecuencia del aumento del número de pensiones (1,1%) y del efecto sustitución (1,6%). Si no fuera por la crisis y el déficit existente, que en términos estructurales equivale a un 11,3% del gasto, las pensiones podrían subir 1,1 puntos porcentuales (el crecimiento de los ingresos del 3,6% menos el del gasto sin revalorización del 2,5% entre 2018 y 2023) sin poner en peligro el equilibrio del sistema. En 2017 este déficit fue de 19.187 millones de euros que equivale a que, en promedio, cada pensionista recibió 2.004 euros por encima de los ingresos por cotizaciones y que se han financiado con un déficit ante el que responde el conjunto de la sociedad española. Si los afiliados hubieran tenido que hacer frente a ese déficit con sus cotizaciones sociales, tendrían que haber abonado de media 1.053 euros por afiliado en 2017. Merece poner en valor este importante esfuerzo redistributivo para financiar el déficit acumulado desde 2011, que equivale a más de 9 mil euros por pensionista.
A la espera de lo que ocurra con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y la posible aprobación de las propuestas de aumento de pensiones para distintos colectivos, de entrada la aplicación del IRP efectivo ha supuesto una subida del 0,25% de las pensiones en 2018. Para una pensión media de 1.071 euros mensuales esta subida equivale a 2,68 euros más. Aunque a todos nos gustaría una subida mayor, de no existir el tope mínimo la revalorización necesaria para equilibrar el sistema gradualmente (es decir, el IRP teórico de -2,88% del Cuadro 1) hubiera supuesto una disminución de 30,84 euros mensuales. La diferencia entre la subida efectiva y la disminución teórica, 33,52 euros, la asume el sistema de pensiones, vía emisión de deuda pública. Es decir, más impuestos con los que se transfiere renta de los contribuyentes futuros a los pensionistas actuales, lo que supone aumentar la carga para las generaciones más jóvenes.
El IRP es el termómetro que refleja el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema y no el culpable de que las pensiones solo puedan aumentar un 0,25%. Cuando todavía falta por recuperar un 31% de la afiliación destruida durante la crisis, el sistema ya ha superado en 2017 el nivel máximo de ingresos de 2008, gracias a unas bases medias de cotización superiores a las de entonces. La creación de más y mejor empleo, y el crecimiento de la productividad es una condición necesaria para seguir mejorando los ingresos del sistema. Todo lo que se haga por ir reduciendo el crecimiento del gasto, tanto por el número de pensiones como por el efecto sustitución, redundará en un margen mayor para revalorizar anualmente las pensiones vigentes. Adicionalmente, la sociedad siempre puede decidir aportar ingresos adicionales al sistema aumentando la redistribución intergeneracional, que actualmente ya es una de las más elevadas de Europa. Eso sí, conociendo su coste y aceptando que no hay atajos ni soluciones gratis.
Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Instituto Polibienestar)
Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia)
Robert Meneu (Universidad de Valencia)
