La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima un déficit estructural del Sistema de la Seguridad Social en la actualidad entre el 1,3 y el 1,5% del PIB que prevé se mantenga en el futuro. Este déficit estructural se refiere a aquel déficit existente una vez descontada la dinámica del ciclo económico, que tiene impacto tanto sobre los ingresos como sobre los gastos. Además, en el medio y largo plazo aparecen importantes retos, comunes a los países desarrollados, y relacionados con el envejecimiento poblacional, que en los próximos 30 años podría elevar el gasto en pensiones entre un 2% y un 4% del PIB.
Diagnóstico y medidas a corto plazo
La entidad presidida por José Luis Escrivá considera factible combatir el déficit estructural de la Seguridad Social a través de la asunción por parte del Estado de determinados gastos que actualmente se imputan a las cotizaciones.
Con este fin, la AIReF propone:
- Elevar en términos relativos las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (destinadas al pago de pensiones) a costa de las cotizaciones asignadas al SEPE (para prestaciones por desempleo).
- La asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (cuantificado en 4.000 millones de euros), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones de euros), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones de euros).
Visión a largo plazo
La AIReF considera necesario profundizar en las reformas paramétricas implementadas en la reforma de 2011, como vía de mejorar la sostenibilidad sin que se vea resentida gravemente la suficiencia y con la ventaja de permitir una implementación gradual, algo que suaviza los efectos y permite a los futuros pensionistas ir tomando decisiones de ahorro y consumo en base a estos nuevos parámetros. En este aspecto, la AIReF emite dos recomendaciones:
- Modificar los requisitos de acceso a la pensión (anticipada y ordinaria) para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación, teniendo en cuenta que la edad efectiva actual de jubilación (62,4 años) es inferior a la de la media de países de la OCDE (64,3 años) y notablemente inferior a la edad ordinaria de jubilación, fijada en 65 años y 8 meses en 2019 (65 años para aquellos que acrediten una carrera completa de cotización).
- Incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión, que está pasando gradualmente de los últimos 15 años a los últimos 25 años, donde quedaría fijada en 2027 y poniendo el foco en los países de nuestro entorno, en los que está generalizado el uso de la carrera laboral completa para el cálculo de la pensión de jubilación.
La AIReF estima que el impacto sobre el gasto en 2048 de profundizar en estas reformas paramétricas podría alcanzar el 2% del PIB, que compensaría el hecho de revalorizar las pensiones vía IPC en lugar de hacerlo según la fórmula del Índice de Revalorización de las Pensiones.
Las intenciones del Gobierno
Por su parte, el Gobierno ha anunciado, por voz de Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, su intención de retrasar un año la edad de jubilación efectiva de los trabajadores sin modificar la edad legal de acceso a la jubilación, que quedará fijada en 67 años desde el año 2027.
El Ejecutivo se plantea diversas medidas para conseguir que los trabajadores se jubilen más tarde. Entre ellas, introducir incentivos para que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado, fomentando las fórmulas de compatibilización de pensión y trabajo, como la jubilación parcial, o endurecer el acceso a la jubilación anticipada, exigiendo un periodo de carencia más elevado. Es decir, habrá que haber cotizado más años para poder jubilarse anticipadamente, lo que traslada al trabajador parte del coste de retirarse anticipadamente.
El Gobierno se propone reunir el mayor consenso entre las distintas fuerzas políticas y también con los agentes sociales, enmarcando estas negociaciones en la Comisión del Pacto de Toledo, y condicionando la aprobación de estas medidas a la consecución de un consenso amplio.
